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Ana Lima

Experta en Género y derechos de las mujeres.

Sin excusas

Es imprescindible tomar conciencia del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, las distintas manifestaciones de violencia, el deber del Estado –en todos sus poderes y desde su total entramado institucional- de prevenir, investigar y sancionar a quienes perpetran violencia, así como reparar a quienes la sufren.

Es imprescindible reconocer las causas de la violencia contra las mujeres, la base fundante, patriarcal y de poder, los estereotipos que habilitan a considerar a las mujeres como propiedad de los varones, aparatos reproductivos, cuerpos disponibles en el espacio privado y en el público. La violencia simbólica, construida culturalmente que impacta en la realidad de la mitad de la población: las mujeres, recortándole derechos y muchas veces la vida.

En estos pocos más de 40 días de 2017, cuatro mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

En ese escenario, supimos que Valeria fue asesinada por su ex pareja, policía, de un disparo, con su arma de reglamento, delante de los hijos de ambos, los que se llevó a casa de sus padres para finalmente ir a una seccional policial a entregarse y a entregar su arma.

Unas horas después, supimos que la jueza Vega, del Juzgado Especializado en Violencia Doméstica, había resuelto, de manera provisoria, respaldar esa decisión y mantener a los niños al cuidado de los abuelos paternos, haciéndoles saber que no debían obstaculizar el vínculo con los familiares maternos. La sentencia judicial me desconcertó, no cerraba por ningún lado de mis conocimientos y habilidades.

Después de escuchar - varias veces- la entrevista que le realizaron a la magistrada en el programa “No toquen Nada” entendí y somos muchas personas en desacuerdo. La jueza explicó que su juzgado, sólo interviene en casos de violencia doméstica y en las situaciones de niños y niñas con derechos vulnerados.

Vega afirmó que, en este caso, los niños no tenían sus derechos vulnerados ya que no estaban siendo objeto de maltrato, no eran víctimas de tráfico de personas, no habían sido abusados, etc.

Para argumentar con mayor profundidad, dijo que esos niños no tenían sus derechos vulnerados directamente. “Son víctimas secundarias por la pérdida violenta de la madre, son derechos vulnerados secundarios porque no son víctimas directa del daño a su persona”, expresó.

LOS DERECHOS HUMANOS son universales, indivisibles, interdependientes.

Estas características se han desarrollado a lo largo de los últimos cincuenta años de manera abierta, dinámica, marcando especificidades por temas (por ej. tortura) o por personas a proteger, se han recogido en la normativa internacional, universal, regional y nacional.

Es lo que se llama integralidad de los derechos, ninguno es más importante que otro, todos merecen igual promoción, protección y respeto del Estado. De la misma manera, se han elaborado estándares internacionales que permiten saber cuándo y cómo un Estado los vulnera. Es decir, no hay división de derechos secundarios y primarios.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, experto en derechos de infancia, dijo no saber a qué responde la calificación de derechos primarios y secundarios.

Para la jueza, los hijos de Valeria que fueron forzados a ver cómo su madre fue asesinada por su padre, no fueron vulnerados en sus derechos y podían tolerar una indagatoria informal de parte de funcionarios policiales para decidir rápidamente que permanecieran tal y como su padre lo había dispuesto, con los abuelos paternos.

El interés superior del niño y la niña

También es una construcción doctrinaria y legal, recogida en la Convención de los Derechos del Niño (1989, en vigor desde 1990, Ley No.16.137) que significa que niños y niñas son personas y tienen los derechos inherentes a su condición de tal.

Este principio es tomado por el Código de la Niñez y Adolescencia (C.N.A.) uruguayo. Significa que:

1) sus derechos deben ser una consideración primordial, sustancial

2) es un principio orientador de interpretación de la norma, si hay una que lo beneficia más que otra hay que seguirla

3) es una norma de procedimiento, cuando se adopta una decisión hay que medir qué repercusión positiva o negativa tendrá en la vida del niño/a al que va dirigida.

El juez Pérez Manrique lo ha trabajado mucho y concluye que los jueces/zas deben tener claro que no pueden decidir bajo el paradigma de “pater familia” (concepto del Derecho Romano), dueños de todo, basados, valga la significativa expresión de nuestro Código Civil, en la diligencia del buen padre de familia. Al contrario, deben guiarse por el interés superior de niños y niñas.

En torno a este concepto giran los derechos consagrados por la Convención en lo que se llama el principio de protección que obliga al Estado a asegurar a niños/as su protección y cuidado, especialmente su participación.

El derecho a ser oídos. Esto significa que en ningún caso pueden tomarse decisiones que afecten su vida sin escucharlo de manera adecuada, debidamente asistidos con defensa legal. No es una cuestión de forma, de literalidad, de fingir que se escucha.

La competencia de la sede judicial especializada

La jueza insistió en su competencia, en lo que le corresponde y no. El Código de la Niñez establece en el art. 117 un principio general bajo el título: “Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales”.

Siempre que los derechos reconocidos en el Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título.

Y a continuación en el art. 118, bajo el nombre de Primeras Diligencias dice: “el juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño, niña o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes”.

El Ministerio Público (las Fiscalías) deberá ser oídos preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

La Convención también define que se entiende por maltrato “físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico”.

El necesario enfoque de derechos humanos y violencia basado en género

Al enfoque de derechos humanos que señalé antes, es evidente que en la decisión faltó también el enfoque de violencia basada en género, el contexto.

Es necesario que magistrados judiciales y fiscales entiendan, reconozcan e impidan, la violencia machista. Es necesario que entiendan, que razonar que es violento con la mujer pero no con los hijos, es falso. Ese razonamiento legitima la agresión y descalifica a las víctimas. No estoy descalificando, en este caso, a los abuelos paternos.

La jueza dijo que no es su competencia resolver tenencia. Sin embargo, lo hizo, tanto que decidió incluso que los cuidadores de los niños no obstaculizaran los vínculos con la familia materna y no prohibió, en protección de los niños, que su padre se comunicara u ordenara que lo visitaran. Provisoriamente, aunque la experiencia indica que lo provisorio tarda mucho en modificarse.

Nadie tocó a su puerta. No es necesario. Su obligación es otra.

La Suprema Corte de Justicia, el 21 de diciembre de 2016[1], le advirtió a los jueces/zas con competencia en los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica, dado que la población que atienden es de altísima vulnerabilidad, que “(…) si la precaria comunicación telefónica no es de suficiente calidad o si la resolución no asegura una adecuada instrucción y resolución, se corre el riesgo de una clara denegación de justicia que compromete la responsabilidad judicial”, “no convocar a audiencia luego de dictadas medidas en forma telefónica, es considerada por la Corte, falta grave o error inexcusables”.


[1] Acordada 7884 de 21/12/2016, comunicada el 30/12/2016 por Circular 163.